Escándalo hunde más al PRD a nivel nacional

La presidenta nacional, Alejandra Barrales, ocultó la propiedad de un departamento en Miami, lo que desploma aún más la popularidad de ese partido, incluido en Guanajuato

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Cayó en contradicciones y no supo defenderse.

La presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, admitió ser dueña de un departamento de 990 mil dólares en Miami, luego de que lo ocultó en su declaración patrimonial.

La lideresa tuvo que aceptar esa propiedad luego de que fue cuestionada por el canal de televisión Univisión, según reveló el propio canal de noticias con sede en Miami.

Según el medio, en 2015 Barrales compró el departamento, de dos cuartos, tres baños y vista al mar, por medio de una preventa y pagó un anticipo de 693 mil dólares en el lapso de siete meses.

Barrales afirmó haber pagado en varias exhibiciones el enganche de la propiedad con ahorros de su cuenta personal, consignó el diario Reforma.

De acuerdo con documentos oficiales del condado de Miami, indicó Univisión, Barrales completó la compra del mediante el enganche y un crédito de 297 mil dólares con el Eastern National Bank.

“El enganche se pagó durante el 2015, un año en el que ella dijo haber tenido ingresos por una pensión alimenticia, por su entonces cargo como senadora y por la venta de una casa. El monto que pagó por el enganche excede en 332 mil 000 dólares el total de todos estos ingresos”, afirma la nota de Univisión.

Barrales informó en 2015 de la adquisición de la propiedad mediante en su declaración patrimonial al Senado, pero en 2016, ya como líder partidista, no incluyó la propiedad en su declaración 3de3.

El inmueble, ubicado al norte de Miami, fue comprado por medio de Maxba Development Inc., una empresa creada ex profeso de la cual Barrales es presidente y única accionista, indicó Univisión.

En todas las encuestas de opinión, el PRD se coloca en cuarto y hasta en quinto sitio de las preferencias, incluido en Guanajuato, donde apenas tiene a tres representantes en el Congreso estatal, es decir, 8 por ciento del total.

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