Guanajuato respalda aprobación de la ley de Seguridad Interior

Diez de los 11 gobernadores panistas presionan para que se apruebe y regule la actividad del Ejército

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Guanajuato quiere la pronta aprobación de la Ley de Seguridad Interior que regula la participación de las fuerzas armadas.

Sin la firma del chihuahuense Javier Corral, los mandatarios estatales emanados del PAN publicaron un desplegado en el que reconocen que no pueden prescindir de la ayuda que brindan los militares desplegados en sus entidades.

No obstante, advierten, tampoco pueden continuar sin un marco legal para que la actuación de las fuerzas castrenses se realice con objetivos precisos, temporalidades definidas, mecanismos de control y rendición de cuentas, así como compromisos medibles de fortalecimiento institucional.

A menos de ocho días de que finalice el periodo ordinario de sesiones del Congreso, los gobernadores señalan que dicha ley debe garantizar, como primer paso, el cambio hacia un sistema en el que las corporaciones policiacas vuelvan a ser las principales responsables de la seguridad pública.

“Para que la paz vuelva a todos los estados de la República, se requiere dar los pasos necesarios y el fortalecimiento policial. La participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de los órdenes de gobierno locales es un instrumento que permite fortalecer las capacidades institucionales civiles.

“Sin embargo, esta intervención se ha desarrollado sin la certeza de un marco legal (…) Los gobernadores debemos seguir trabajando para que cada militar desplegado pueda ser sustituido en el corto plazo por un policía confiable, honesto y profesional”, asienta el documento, consignó el diario Reforma.

Firmado por los titulares de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, el comunicado pide establecer claramente los supuestos de la intervención de las FA en tareas de seguridad interna.

Guanajuato ha visto un aumento de despliegue de elementos del Ejército ante la creciente ordeña de ductos de gasolina de Pemex.

El documento también plantea priorizar los derechos humanos, evitar la posibilidad de incurrir en un Estado de excepción, establecer que el despliegue militar sea proporcional al tamaño del riesgo o amenaza, disponer de controles institucionales, y garantizar que las técnicas de investigación se ajusten al marco legal.

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