Darían 30 años de cárcel y multas de 2 millones a ordeñadores de gasolina

Aprueban diputados federales que endurecen sanciones a un flagelo que afecta seriamente al estado de Guanajuato

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Aquellos que roben combustible podrían enfrentar 30 años de cárcel y multas hasta por 2 millones de pesos.

Guanajuato y Puebla son los dos estados del país que más padecen de este delito, según reportes del gobierno federal.

Estas nuevas medidas están contempladas en las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados por 321 votos a favor, 18 en contra y 37 abstenciones.

Los legisladores federales, incluidos los guanajuatenses, avalaron el ajuste a toda la gama de castigos prevista en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.

El objetivo, cita la propuesta aprobada, es contribuir a la prevención del robo de las gasolinas mediante un ajuste a las sanciones, debido al alza que registran algunas entidades en la comisión del delito, consignó el diario Reforma.

El diputado del PRI, César Alejandro Domínguez, detalló que tan sólo el año pasado los municipios con mayor número de tomas clandestinas fueron Altamira, con 207; Huimanguillo, con 116; Irapuato, con 106; Quechololac, con 88; Cárdenas, con 86; Tepeaca, con 81; Zapotlanejo, con 68; y Pénjamo, con 65.

“En lo que va de 2017, los grupos delictivos siguen robándose nuestros combustibles, siguen robándose el combustible de todos los mexicanos.

“Compañeros, estos hidrocarburos, que son indispensables para el país al momento de llevar a cabo programas sociales, proyectos de infraestructura, proyectos de salud, no podemos permitir que se siga llevando a cabo el robo de los mismos”, indicó el legislador federal.

El priista estimó que al fortalecer las penas se activará un mecanismo de prevención, aunque no sea la única forma de combatir los delitos.

“Sin embargo, si apoyamos este tipo de reformas, aunado a otros mecanismos de prevención que pueden llevarse a cabo desde la misma empresa, los municipios y las entidades federativas crearemos estructuras integrales que harán que se reduzca drásticamente la comisión de estos ilícitos”, opinó.

En el dictamen aprobado se prevén penas de 17 a 30 años de prisión y multas de 17 mil a 27 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización para quien, directa o indirectamente, reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza a sabiendas de que derivan del robo de combustible.

Además, se consideran sanciones de 12 a 20 años de cárcel y multas de 12 mil a 20 mil veces el valor de la UMA a quienes alteren los sistemas de medición en posesión al servicio de los asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, con conocimiento de que producirá un daño a la operación de los mismos.

También a quien cause un riesgo de daño o de afectación a la normal operación de los sistemas de medición.

La misma sanción se prevé para quienes permitan o realicen el intercambio o sustitución de otras sustancias por hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin contar con la autorización respectiva de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.

Y a quienes realicen la sustracción o alteración de ductos, equipos, instalaciones o activos de la industria petrolera, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo.

La propuesta fue turnada al Senado para su revisión.

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