Solo 7 de 130 trabajadores de Pemex ordeñadores de combustibles enfrentan proceso

Según la nueva ley aprobada en enero, los procesados pueden enfrentar prisión de 60 años

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Apenas siete de los más de 130 empleados de Petróleos Mexicanos involucrados con el robo de combustible enfrentan el proceso judicial con las nuevas reglas penales vigentes desde enero del 2016 y que establecen un castigo máximo de 60 años de cárcel.

De acuerdo con información que las autoridades federales han hecho llegar a senadores de diferentes partidos que han solicitado información en torno a las investigaciones y castigos contra el robo de combustibles, Pemex aplica mecanismos para la mejor vigilancia de sus empleados, con ayuda del sindicato, porque algunos de los empleados acusados de participar en el robo realizan tareas donde la presencia de sindicalizados es mayoritaria, consignó el diario Excélsior.

La información compartida con ese rotativo por los senadores interesados en el tema, proporcionada por autoridades federales, precisa que desde 2006 hasta 2015 se detuvieron a 123 trabajadores en activo de Pemex y a 12 ex trabajadores; y a raíz de la entrada en vigor de los nuevos castigos contra el robo de hidrocarburos, vigente desde el 13 de enero del 2016, se detuvieron a otros siete trabajadores en activo, a quienes ya les aplican las nuevas reglas.

Excélsior informó que, en las listas de trabajadores de Pemex, hay choferes, operadores de bombeo, vigilantes y hasta ingenieros de operación.

Los estados donde las detenciones de los empleados petroleros se han concentrado están vinculados a las zonas con mayor número de tomas clandestinas: Tamaulipas, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Nuevo León.

El robo de combustibles está relacionado con al menos cuatro grupos criminales, según el  informe del Ministerio de Defensa de España: Zetas, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios y Cártel de Sinaloa, según Excélsior.

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, vigente desde el 13 de enero del año pasado, establece un castigo de nueve penas de 15 a 25 años de cárcel a quien “sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos”.

A estas penas se sumarán hasta tres cuartas partes (18 a 40 años) a quien “utilice información o datos obtenidos ilícitamente sobre el funcionamiento de la operación, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores”, recordó la nota de Excélsior.

Y añade que “si el sujeto activo es o fue trabajador o prestador de servicios de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores o servidor público de la industria petrolera o de las instituciones policiales; las sanciones se aumentarán hasta una mitad más de acuerdo con la pena prevista en la presente Ley por el delito cometido, independientemente de las sanciones correspondientes conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuando dicho ordenamiento resulte aplicable”.

Esto implica que el castigo a los trabajadores de Pemex involucrados con este delito se les puede aplicar penas de al menos 27 años y un máximo de 60 años en prisión.

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