Nace Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para atarle las manos a servidores públicos

Establece diversos mecanismos de control de conductas de todos los servidores públicos del estado

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La intención es buena, pero falta que se cumpla al pie de la letra.

Este jueves, el Congreso del Estado aprobó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Guanajuato con la que se busca prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y conductas ilícitas cometidas por los servidores públicos.

Esta nueva ley, aprobada por unanimidad y que fue presentada por las diputadas Arcelia González González, del PAN, establece que el Sistema Estatal Anticorrupción quedrá integrado por un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, otro Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización; y los municipios, quienes concurrirán a través de sus contralores municipales.

Además, con esta nueva ley se crea una Plataforma Digital conformada por sistemas electrónicos: de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal; de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; de Servidores públicos y particulares sancionados; de información y comunicación del Sistema Estatal; de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y de Información Pública de Contrataciones, según información de Xóchitl Álvarez, corresponsal de El Universal en Guanajuato.

El Sistema Estatal, señala, contará con una Secretaría Ejecutiva, organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión.

Además, se crea el Sistema Estatal de Fiscalización, encargado de promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.

La diputada panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, dijo que la lucha frontal contra la corrupción debe librarse desde las leyes que deben incluir mecanismos de supervisión, transparencia y sanción, modernos y efectivos, que brinden armas jurídicas para actuar, prevenir y castigar los actos de corrupción.

“La meta es que por medio de esta ley establezcamos los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el estado y los municipios; definamos las bases mínimas para la prevención de estos hechos y la emisión de políticas públicas integrales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos”, subrayó.

La diputada González González destacó a su vez la función de fiscalización que tendrá la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la cual deberá establecer un marco de referencia para la prevención, detección, disuasión y sanción de actos de corrupción, con el fin de generar cambios estructurales en el ámbito jurídico y administrativo, e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

A su vez, Beatriz Manrique, del Partido Verde, indicó que la norma se estructuró tomando en cuenta las prácticas de corrupción como el despilfarro del erario, las simulaciones jurídicas y la opacidad.

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