Batean diputados la Ley de Protección Periodistas y la regresan a comisiones

La iniciativa carecía de elementos suficientes para el ejercicio periodístico. Votaron en contra 33 e los 36 legisladores locales

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Al considerarla incompleta para el ejercicio periodístico en el estado, el Congreso de Guanajuato rechazó la Ley para la Protección Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Ante la presión del gremio y de organizaciones ciudadanas como el Observatorio Ciudadano de León (OCL) y Artículo 19, los diputados votaron por devolver a comisiones la controvertida iniciativa.

Así, 33 de los 36 diputados decidieron que el proyecto debería ser regresado a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables a fin de que se haga un nuevo estudio y se redacte el dictamen.

Tanto el OCL como Artículo 19 habían solicitado a los diputados rehacer esa iniciativa, pues, en vez de ayudar, haría más vulnerable el ejercicio periodístico en el estado.

Como se recordará, la iniciativa permaneció sin discusión desde hace tres años y, ante los acontecimientos la semana pasada con el asesinado del periodista de Sinaloa, Javier Valdez, y el llamado del Presidente Enrique Peña Nieto a proteger a los comunicadores fue sacada de la congeladora.

El martes pasado fue aprobada la iniciativa por diputados panistas y priistas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables con algunas modificaciones y se pasó al pleno para discutirse este jueves.

Las modificaciones, sin embargo, no fueron suficientes ante la actual coyuntura y por lo tanto se regresó.

El Observatorio Ciudadano de León consideró que dicha iniciativa quedaba a deber “en esencia de su naturaleza”.

El organismo no gubernamental había advertido que, de ser aprobada la ley, “le quedará a deber a los sujetos de atención y a la ciudadanía guanajuatense en general”.

A s vez, Artículo 19, una organización defensora de los periodistas a nivel nacional, alertó que la iniciativa “contiene diversas disposiciones que resultan restrictivas y desproporcionales para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información”.

Entre las fallas que enumeró está que en el Código Penal del estado continúan vigentes los delitos contra el honor (difamación y calumnias), faltas que resultan criminalizantes y generan un efecto amedrentador para el ejercicio periodístico, señala la organización.

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