Reta Mexicanos contra la Corrupción a gobiernos estatales asumir 11 compromisos

La organización civil indica que es obligación de los gobiernos locales transparentar su actuación y reducir la discrecionalidad de sus políticas públicas

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Una importante organización civil lanza un reto a los gobiernos estatales.

Bajo el argumento de que el combate a la corrupción es también obligación de las autoridades locales, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) propuso que las entidades del país asuman 11 compromisos para transparentar su actuación y reducir la discrecionalidad en la aplicación de las políticas públicas.

A través de un comunicado citado por el diario Reforma, la ONG encabezada por Claudio X. González estableció los parámetros que, en materia de compras públicas, licitación y ejecución de obras, control interno, auditoría y manejo de archivos deben asumir los gobiernos locales.

Estos son los 11 compromisos lanzados:

-Impulsar la creación de una Fiscalía General de Justicia que sea autónoma e independiente del Ejecutivo, con capacidad técnica y operativa para investigar y resolver los delitos.

-Publicar las observaciones que formulen las contralorías estatales de manera accesible al público, identificando el nivel de los funcionarios involucrados en la comisión de irregularidades y las consecuencias derivadas del ejercicio de fiscalización.

-Generar archivos electrónicos y dar cabal cumplimiento a la ley en la materia y a la Ley General de Transparencia, que establecen que todo acto en el servicio público debe generar un registro.

-Todos los funcionarios que integran el gabinete estatal deben publicar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de manera voluntaria, sin esperar a que entre en vigor la obligatoriedad que establece el Sistema Nacional Anticorrupción.

-Generar un Padrón Único de Beneficiarios para los servicios públicos y ayudas sociales que proporciona el Gobierno estatal.

-Todos los proyectos de infraestructura deben cumplir con los criterios de pertinencia y sustentabilidad, y que el proceso de contratación y ejecución de los trabajos sea público en formato de datos abiertos.

-Promover la creación de una Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas que permita que los procesos de contratación en todo el país se hagan bajo los mismos principios y procesos, lo que ayudaría a su fiscalización y control.

-Informar de manera oportuna sobre los pasivos existentes en las finanzas públicas y las obras inconclusas que tengan las distintas dependencias.

-Utilizar en todos los procesos de contratación la plataforma de compras gubernamentales, Compranet, que permite subir en línea cada paso del proceso de licitación.

-Reducir al mínimo los pagos en efectivo, para facilitar el proceso de fiscalización del uso de los recursos económicos, pues al utilizar el sistema bancario se pueden rastrear las operaciones.

-Asumir plenamente lo que establece el Sistema Nacional Anticorrupción y facilitar la implementación de los sistemas locales, garantizando su independencia y eficacia.